LATIN AMERICAN PROGRAM SPECIAL REPORT
cia y Paz: la Corte discrepó con varias estipulaciones
consideradas demasiado benevolentes con los paramilitares
y demasiado comprometedoras del principio de
justicia en medio de la búsqueda de la paz. Por ejemplo,
la Corte incrementó las penas y las consecuencias
de mentir a los fi scales sobre implicaciones anteriores
en atrocidades y otros crímenes, extendió el tiempo
para que los fi scales realicen sus investigaciones de los
líderes paramilitares y falló que, además de devolver
los activos obtenidos ilegalmente, se podía obligar a
los paramilitares a pagar reparaciones a las víctimas con
sus bienes adquiridos ilegalmente.4 Los líderes de las
AUC denunciaron el fallo de la Corte—el cual no se
hizo público sino hasta julio—como un “golpe mortal
al proceso de paz”, amenazando implícitamente con
retirarse del proceso si se mantenía la interpretación
más rigurosa de la Ley de Justicia y Paz.5
En un intento por mantener en marcha la desmovilización
de las AUC, el gobierno trató, por un
lado, de satisfacer las protestas de los líderes de la
AUC mientras, por el otro, de no parecer demasiado
complaciente con sus demandas. Como ejemplo de lo
primero, un borrador del gobierno, que se fi ltró, de un
decreto para ejecutar la Ley de Justicia y Paz al parecer
proponía que se les permitiera a los comandantes
paramilitares cumplir hasta dos terceras partes de cualquier
condena en sus fi ncas, en lugar de la cárcel.6 La
Embajada de EE.UU. en Colombia al parecer también
objetó a un primer borrador, diciendo que equivaldría
a un “perdón legal” para los paramilitares involucrados
en narcotráfi co.7 Como ejemplo de la estrategia más
dura, y para reforzar la credibilidad del proceso ante la
opinión pública colombiana e internacional, el Presidente
Uribe ordenó en agosto de 2006 la detención
de los comandantes paramilitares de más alto rango
y de nuevo surgió el espectro de que aquellos que
no cumplieran con los términos de la desmovilización
enfrentarían la extradición a los Estados Unidos.8
Cincuenta y nueve comandantes que estaban detenidos
o que se habían entregado fueron trasladados a una
cárcel en las afueras de Medellín cuando se aproximaba
el fi n del año. Un jefe paramilitar—Vicente Castaño,
acusado del asesinato de su hermano, por mucho
tiempo jefe de las AUC, Carlos Castaño—andaba
suelto al momento de escribir este texto.
A lo largo del 2006 surgieron dudas persistentes
acerca del rearme de los paramilitares desmovilizados,
su participación en el crimen organizado y la penetración
de los grupos paramilitares en las instituciones del
gobierno y en la economía legal. Los informes de la
4. Ver Human Rights Watch, “Court Fixes Flaws in Demobilization Law”, mayo 29 de 2006.
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